Como cualquier situación coyuntural, la tensión generada por el denominado “proceso de paz” o “negociación” para definir el futuro de la CBI, dejó en evidencia las profundas divisiones existentes entre los gobiernos, e incluso la sociedad civil, en temas de conservación de cetáceos a nivel global.
Ante una propuesta que buscaba eliminar de facto el logro más importante en la historia del derecho ambiental internacional y violar los santuarios de ballenas, otorgando cuotas de caza comercial y legitimando la denominada “caza científica” en el Santuario del Océano Austral, no hubo posturas intermedias. Tanto gobiernos como ONGs mostraron ante los ojos del mundo su posición respecto a la matanza y el comercio de ballenas en el siglo XXI.
Después de 24 años, el gran tema de fondo - la moratoria sobre la caza comercial de ballenas - tuvo que enfrentar un incierto futuro durante las duras discusiones de las sesiones plenarias de la CBI.
Sin embargo, los argumentos esgrimidos por la mayoría de los países miembro que participan de manera autónoma e independiente en la CBI, dejaron en evidencia que los significativos beneficios sociales, ambientales y económicos generados por esta medida de protección valen mucho más que la revitalización de la destructiva y decadente industria ballenera.
El bloque de países de América Latina, conocido como Grupo Buenos Aires, demostró que para nuestra región, las ballenas son mucho más que animales carismáticos o simple moneda de cambio para mantener buenas relaciones con las naciones balleneras.
Con un turismo de avistaje de cetáceos en todos los países latinoamericanos que crece a más del 11% anual y que genera más de dos mil millones de dólares al año en cientos de comunidades costeras, el Grupo Buenos Aires alzó fuerte y claro la voz para defender los intereses de millones de ciudadanos de nuestro continente que directa o indirectamente dependen cultural, social, ambiental y económicamente de las ballenas vivas para sobrevivir.
Por su parte Australia, único país que desde hace dos años mantiene una propuesta para modernizar la CBI, logró colocar en el debate temas de gran relevancia que habían sido evadidos históricamente por la comisión como la reforma de los artículos V y VIII que permiten a las naciones balleneras continuar matando ballenas con fines comerciales o “científicos” respectivamente, mediante el uso y abuso de vacíos legales.
La gran decepción vino de Estados Unidos y Nueva Zelanda, dos naciones tradicionalmente conservacionistas que durante los últimos tres años han estado activamente involucrados en la negociación para definir el futuro de la CBI.
Lamentablemente, durante el proceso ambas naciones han abandonado paulatinamente sus políticas de conservación de cetáceos para acomodarse a los intereses pro balleneros de Japón, defendiendo hasta el final la propuesta débil, inmadura y carente de apoyo presentada por el presidente y vicepresidente de la CBI.
Las razones de este inexplicable cambio de conservacionistas a balleneros - más característico de repúblicas bananeras1 que de Estados democrática y económicamente estables – no han encontrado una respuesta coherente y satisfactoria en millones de ciudadanos de ambas naciones que demandan una explicación a sus gobiernos.
Japón y las naciones balleneras evidenciaron una vez más su incapacidad para reconocer o respetar el valor – económico, social y ambiental - que un creciente numero de países otorga a las ballenas vivas. Mediante argumentos intimidatorios y amenazadores, las naciones balleneras dejaron en claro que nunca hubo un proceso real de negociación y que preferirían abandonar la CBI y convertirse en piratas balleneros antes que aceptar y acatar las decisiones de la mayoría de los miembros de la comisión.
Sin embargo, la nota más grave de la reunión pasó casi desapercibida entre las discusiones sobre el proceso de negociación. Por primera vez en varios años más de una decena de países vinculados a la política de compra de votos de Japón en la CBI no asistieron a la asamblea anual tras un escándalo que dejó por el suelo la ya dañada credibilidad de Japón en materia de conservación marina.
Una investigación realizada por el diario inglés Sunday Times evidenció en video, los artilugios usados por Japón para sumar países a la CBI que votan en bloque a favor de la ballenería a cambio de programas de financiamiento pesquero, pagos en efectivo y hasta servicios de prostitutas.
A pesar de las contundentes evidencias y llamados a la CBI de parte de la sociedad civil para realizar una investigación independiente para identificar a los responsables de una práctica que ha mantenido a la CBI rehén por más de una década, todos los miembros de la comisión, sin excepción, decidieron ignorar el tema.
Finalmente, la inminente muerte de la moratoria y el posible retorno de la CBI a sus tiempos más oscuros - con cuotas de caza otorgadas con fines políticos, sistemas de monitoreo deficientes y penalizaciones a cargo de las naciones balleneras – remeció las bases del movimiento ambientalista que, en su gran mayoría, reaccionó con fuerza y determinación en contra de la propuesta ballenera y se unió para defender el derecho a la vida de las ballenas y la conservación de los océanos.
Aunque una minoría de ONGs - que apoyaron la fracasada propuesta de negociación presentada por el presidente y vicepresidente de la CBI - han afirmado que la reunión de Marruecos fue "un fracaso" para la conservación de las ballenas, su éxito radicó justamente en evidenciar que la eliminación de la moratoria y el retorno de la caza comercial de ballenas no es una opción representativa ni válida para los intereses de la gran mayoría de países, comunidades costeras y organizaciones de la sociedad civil, que buscan avanzar hacia la modernización real de la CBI como el organismo encargado de la conservación y manejo no letal de las poblaciones de ballenas en el siglo 21.
Por: Elsa Cabrera, directora ejecutiva del Centro de Conservación Cetacea y observadora acreditada ante las reuniones de la CBI desde 2001.
1Término para describir un país cuyo gobierno se basa principalmente en beneficios de una economía colonial o el poder empresarial, en lugar de los valores de la democracia y el bienestar social.
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